El pecado de Ingrid Betancourt que Colombia no le ha perdonado

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Después de su rescate la excandidata pretendió obtener una reparación por $15 mil millones demandando al Estado y aunque se retractó el daño quedó hecho.

El 3 de julio de 2008 sólo había una persona que podría disputarle la popularidad a Álvaro Uribe, quien, un día después de haberse ejecutado con éxito la Operación Jaque, rozaba el 80% de favorabilidad. Esa persona era Ingrid Betancourt. Sus seis años secuestrada en la selva, la fuerza inquebrantable con la que asumió su cautiverio, la habían convertido en una heroína. Sin embargo, esa imagen no tardaría en desmoronarse.

Lo primero que molestó a la opinión pública fue la renuencia de la mamá de Ingrid, Yolanda Pulecio, de agradecerle públicamente a Álvaro Uribe por haber liderado con éxito la operación que terminaría con su liberación. Durante los seis años que duró secuestrada su hija, Pulecio fue una férrea crítica de Uribe. En febrero del 2008 viajó a Roma para hablar personalmente con el Papa Benedicto XVI y pedirle dos milagros: la liberación de su hija y que Uribe se fuera de la presidencia. Cuando dos años atrás el entonces presidente anunció que no habría ningún tipo de negociación con las Farc y que se intentaría rescatar a sangre y fuego a los secuestrados, Pulecio sentenció: “El presidente ha condenado a muerte a los secuestrados”.

En el 2005 se quejó públicamente del poco esfuerzo de Álvaro Uribe para lograr una salida negociada que consiguiera la liberación de su hija: “El señor Presidente es un muro peor que las murallas de Cartagena. El alma del señor Presidente yo se la quiero buscar. Quiero ver dónde tiene el corazón que decía”. Denunció que durante dos años le pidió insistentemente que la recibiera y que Uribe nunca dio el visto bueno del encuentro. Por esos días se dio a conocer la desgarradora imagen con la cabeza gacha, las piernas cruzadas, sentada sobre una piedra, transmitiendo una dignidad que conmovió al país. Pulecio le preguntó, a través de un amigo en común, si había visto las pruebas de supervivencia y el presidente respondió con un escueto “por ahí el que lo vio fue el comisionado de paz”. Su acercamiento a Hugo Chávez, quien fue durante años intermediario con la guerrilla de las Farc para establecer puente de comunicación con los secuestrados, le generó críticas descarnadas a la señora Pulecio.

La imagen de Ingrid en el país se dañó aún más cuando decidió irse a vivir a Francia, su segunda patria, en donde fue recibida como una heroína. El gesto fue considerado una traición en Colombia y sus posibilidades de llegar a alguna vez a ser la primera presidenta se fueron por la borda cuando, el 10 de julio de 2010, demandó al Ministerio de Defensa por $15. 431.351.537. Ingrid Betancourt responsabilizó al Gobierno Pastrana por haber permitido su secuestro. El entonces Ministro de Defensa Gabriel Silva Lujan respondió diciendo que en su momento la doctora Betancourt “desatendió las insistentes recomendaciones de la Fuerza Pública y otras autoridades de no proseguir en su intención de viajar al municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá, donde tenía un acto en desarrollo de su campaña política”.

No era la primera vez que Ingrid pedía una investigación por su secuestro. En el 2004, en medio de la selva le exigió al entonces Procurador General Edgardo Maya Villazón investigar las circunstancias de su secuestro. La Procuraduría archivó el caso después de entrevistar a los acompañantes de la candidata y a los responsables de las movilizaciones de los demás candidatos a la presidencia. La Procuraduría eximió en ese momento de cualquier responsabilidad a la Fuerza Pública: “En reiteradas ocasiones fue advertida verbalmente y por escrito del peligro de su desplazamiento por vía terrestre a la antigua zona de distensión, dejando bajo su voluntad y responsabilidad la decisión de asumir el riesgo y trasladarse a este lugar”. En esa solicitud también fue descartada la responsabilidad del Presidente Andrés Pastrana por su desatención en el aeropuerto de Florencia, horas antes de su secuestro: “era físicamente imposible que la escuchara, porque el anillo de seguridad no le permitió a la candidata acercarse y aunque ella gritó, él se encontraba a unos 100 metros, por la gran cantidad de personas y el ruido de las aeronaves fue imposible que este le escuchara.”

La millonaria demanda también sacó a la luz otra de las solicitudes de Ingrid que indignaron a la opinión pública. Cuando se enteró que el Congreso debatía una ley para reconocerle a los miembros de la Fuerza Pública secuestrados los salarios que dejaron de devengar mientras estuvieron en cautiverio, Ingrid intentó meter un artículo para que también le reconocieran el dinero que dejó de recibir. De nada sirvió su intención ya que cuando fue secuestrada en marzo del 2002 no era funcionaria pública sino candidata presidencial. La declaración de su ex esposo, Juan Carlos Lecompte, de que después de su secuestro le pidió USD$ 50 mil para irse de vacaciones a sus hijos en las Islas Seychelles terminó de indignar a la opinión pública.

Dos días después de haber mostrado su intención de demandar al estado, el 11 de julio del 2010, Ingrid, en una entrevista con Darío Arismendi, se arrepintió de su decisión. Explicó que su intención era sentarse con el Presidente Uribe a exponer los hechos y después determinar si había lugar o no a una indemnización. Había sido demasiado tarde.

Ocho años después las heridas no han terminado de cerrarse. Ingrid es respetada pero está lejos de ser una persona querida. Luce distante, altiva. En las actividades que tuvo durante la Feria del libro, el conversatorio con Héctor Abad en Corferias y el que sostuvo con Carolina Sanín en el Gimnasio Moderno, tuvieron llenos a reventar. Sin embargo su carrera política hace rato está muerta. Ahora se dedica a hacer un doctorado sobre Teología de la liberación en Oxford, a vivir en París en donde es apreciada y a visitar, cada dos años, el país donde nació, el mismo donde pudo haber sido la primera mujer presidenta de la república.

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